La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Unidad de Víctimas revisar inclusión y acreditar en sus registros a 2.721 personas afectadas por el delito de secuestro por las extintas FAR.

Las víctimas son tanto sobrevivientes como familiares y han participado en los casos de investigación de secuestros de la JEP.

Esta decisión, adoptada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento, se da después de las reiteradas solicitudes de estas víctimas durante la investigación. A través de escritos y en audiencias públicas, han insistido en su derecho a ser reparadas de manera individual o de acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación que ofrece la Unidad para las Víctimas.

Si bien uno de los objetivos principales de la JEP es investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto, esta Jurisdicción, según la jurisprudencia, tiene “una serie de obligaciones específicas para contribuir no solo a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas (...) sino también a la satisfacción del derecho a la reparación integral".

Para cumplir con este orden, la Unidad de Víctimas tendrá hasta el 1o. de septiembre de 2025 para hacer el proceso de acreditación.

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La JEP también le ordenó revisar los casos de aquellas personas que ya están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), pero que no han sido reconocidas por la totalidad de los hechos de los que fueron víctimas. Además, deberá evaluar si procede, según la Ley de reparación integral para víctimas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011), el pago de la indemnización y la garantía de otras medidas de reparación.  

Igualmente, la Unidad de Víctimas deberá revisar casos de personas registradas como víctimas indirectas de secuestros, pero que son víctimas directas de otros crímenes cometidos por la extinta guerrilla durante el cautiverio. Estos incluyen homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos.

Como parte del proceso de seguimiento a esta orden judicial, la institución deberá presentar tres informes periódicos y uno final al despacho de la magistrada Lemaitre. El primero está programado para el 2 de diciembre de 2024, el segundo para el 3 de marzo de 2025 y el tercero para el 2 de junio de 2025.

Estas víctimas están representadas por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), Fundación IPS para el Desarrollo Humano Integral del Sur Colombiano (FUNIPSI), Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD- Víctimas).

Con información de la Jurisdicción Especial para la Paz